Gloria Bejarano se encuentra exiliada en Estados Unidos desde hace cinco años. A pesar de no conocer a los responsables de las amenazas que le realizaron, la sensación de inseguridad la llevó a tomar esta decisión. Hoy en día continúa a la espera de que el gobierno norteamericano la reconozca como víctima y le conceda asilo. 

Por: Luciana Rodríguez Valderrama

“La única razón para venir acá (Estados Unidos) fue la búsqueda de la seguridad y de la tranquilidad. Yo no me quise quedar esperando a ver qué iba a pasar porque no confío en las autoridades colombianas”, cuenta, con resignación Gloria Bejarano, quien espera que se le conceda el estatus de refugiada política. 

El exilio es el último recurso al que pueden recurrir líderes, lideresas y activistas sociales, que a causa de su labor de incidencia social entre las comunidades y en contra, en muchas ocasiones de intereses económicos y políticos, reciben amenazas de muerte. Es un alto precio que tienen que pagar por luchar contra las injusticias en un país que se acostumbró a tramitar sus problemas recurriendo a la estigmatización y a la violencia.

Ella vivía con su esposo y sus dos hijos en la ciudad de Ibagué, donde ejercía como abogada y, desde su profesión, siempre tuvo la inclinación de ayudar a las personas. Además, su especialización en Derecho Administrativo le permitió trabajar en la Gobernación de Tolima, la Alcaldía de Ibagué y en las alcaldías de los municipios tolimenses de Venadillo, Mariquita y Lérida, llegando, desde la institucionalidad, a muchas comunidades.

En contexto

La confrontación armada dejó miles de víctimas a lo largo y ancho de este departamento. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, por lo menos 343.883 personas fueron reconocidas como víctimas de diversos delitos cometidos en razón del conflicto armado. Se destacan, entre las mayores afectaciones, el desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos.

El rastro de la guerra en Tolima se remonta a la década de los años cincuenta, cuando se gestaron en sus montañas grupos armados de distinta índole, resultado de la confrontación entre partidarios y simpatizantes de los partidos Conservador y Liberal. De esas luchas, a mediados de los años sesenta surgió en el sur del departamento la guerrilla de las Farc, comandadas desde esa época por el líder campesino Pedro Antonio Marín, conocido entre el grupo subversivo como ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’. (Leer más en: El origen de Las Farc (1953- 1964))

Para mediados de la década de los noventa, irrumpieron en el escenario bélico grupos paramilitares asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), lo que acabó de afectar el clima de inseguridad que rodeaba a las comunidades, sobre todo en el sector rural. (Leer más en: El largo recorrido del paramilitarismo en Tolima)

Tolima ha sido apetecido por grupos  armados ilegales debido a su posición geográfica, que conecta el centro del país con zonas estratégicas para las actividades ilegales a través de los ejes que lo unen con los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, así como con Huila y Meta.

A pesar de la desmovilización y desarme de los frentes de la extinta guerrilla de las Farc que operaron en esas regiones, ese interés aún persiste, esta vez por cuenta de disidencias de esa organización insurgente, que rechazaron el Acuerdo de Paz firmado con el estado colombiano en noviembre de 2016. Un reciente artículo publicado en este portal reveló que aún persisten prácticas de reclutamiento forzado, que afecta a los menores de edad. (Leer más en: Los menores de edad siguen siendo explotados por grupos armados en Tolima)

En su nicho

Más de medio siglo después, tras decenas de tomas guerrillas, cientos de desapariciones forzadas a manos de grupos paramilitares, combates entre grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, y miles de crímenes que sufrieron los tolimenses en medio de la confrontación armada, el 9 de junio de 2011, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), tomó una decisión trascendental para empezar a sanar las heridas de la guerra: sancionó la Ley 1448, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 

Esa norma, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012, puso en marcha un nueva institucionalidad con la ambiciosa meta de reparar los daños que sufrieron más de 9 millones de colombianos. Para tal fin se creó la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) y la jurisdicción de restitución de tierras para devolverle a los desplazados los predios que les fueron arrebatados por medio de los fusiles o que perdieron al dejarlos abandonados para resguardar sus vidas.

Y justo fue en la UARIV donde Gloria encontró el lugar ideal para ayudar a la gente: “Fue el trabajo perfecto para mí, porque siempre mi perfil ha sido enfocarme en la atención a las personas, ayudar de alguna manera a la población más vulnerable independientemente de cuál es su problema”. 

Y no es para menos, pues el mandato misional de esa entidad pretende “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas […] dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición”. 

El trabajo de ella consistía en gestionar los trámites de indemnización económica de las víctimas de Tolima. Si bien contaba con una oficina en Ibagué, la mayor parte del tiempo se la pasaba en “zonas rojas”, es decir, en las regiones azotadas por grupos armados ilegales y disputas por su control territorial. 

Sin importar los riesgos, viajaba con gran convicción a esos lugares marginados y dejados a su suerte, en donde se encuentran la mayor cantidad de víctimas, para atender a quienes no podían realizar sus trámites de reparación en la capital tolimense y les impartía charlas sobre los derechos que les reconocía la Ley 1448 de 2011.

Gran parte de sus esfuerzos se concentraron en los municipios del norte tolimense, entre otras razones porque en el periodo 1999-2001 sus habitantes fueron víctimas de las acciones armadas perpetradas por el Frente Omar Isaza de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Isaza, y el Bloque Tolima, que contaba con el apoyo de las Auc, que chocaron entre sí por los intereses territoriales que tenía cada una de esas estructuras armadas ilegales. (Leer más en: Guerra entre paramilitares por el Tolima)

Durante dos años, Gloria atendió cientos de víctimas de esa confrontación, pero le tocó abandonar su cargo en la UARIV por un par de situaciones que le generaron zozobra muy a pesar de que su labor la apasionaba y la llenaba de vida. 

El primero de ellos ocurrió en el año 2015, cuando un día, durante una de sus rutinarias jornadas de trabajo de campo en el municipio de Lérida, mientras se dirigía a una farmacia para conseguir repelente para mosquitos, tuvo un incidente que le hizo prender las alarmas por sus tareas a favor de las víctimas.

“Se acercó un muchacho a preguntarme qué estaba haciendo allí. De una conversación amigable se empezó a tornar violento y a decir que no servíamos para nada, qué él sabía cómo sacarnos corriendo. Entonces empecé a tenerle miedo a esas jornadas”, recuerda y precisa que nunca supo quién era aquel joven que la amedrentó. 

“Algunas personas no esperaban a que nosotros viajáramos, sino que llegaban a las oficinas de Ibagué”

A partir de ese suceso, el miedo fue creciendo como una bola de nieve cuesta abajo. La motivación que le producía realizar jornadas de atención en los diversos municipios de Tolima empezó a ser desplazada por el temor, lo que le impidió continuar con el trabajo de campo, fundamental en su cargo. 

El segundo hecho, que se convirtió en el detonante que aceleró su decisión de dejar la UARIV, ocurrió en su última brigada de atención de víctimas, cuando varios desconocidos le preguntaron por información personal y por su rutina diaria, y la buscaron en su lugar de residencia. Ambos sucesos, llevaron a Bejarano a recordar una historia familiar.

Un asunto familiar

Esta mujer, ahora en el exilio, es sobrina de Jesús Bejarano, economista de la Universidad Nacional de Colombia, docente de ese centro de estudios superiores y, además, Consejero Presidencial para la Paz en los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994). 

Bejarano era un experto en temas de negociación de paz. Como Consejero de Paz a comienzos de la década de los años noventa firmó acuerdos con los grupos guerrilleros Prt, Epl y Quintín Lame. Representó al Estado colombiano en los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Tlaxcala, México, y Caracas, Venezuela, que terminaron fracasando. Después de ocupar varios cargos diplomáticos en El Salvador y Guatemala, regresó al país, se dedicó a la academia, al análisis de coyuntura y a presidir la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC).

‘Chucho’, como cariñosamente lo llamaban en su familia y entre sus amigos, fue un ferviente defensor de la paz y se destacó entre los académicos capitalinos por sus estudios sobre las razones de la pobreza desde una perspectiva económica, política y social, enfocados buena parte de ellos en el sector agrario.

Lo particular de su caso es que, según reportes de prensa fechados en agosto de 1998, ‘Chucho’ Bejarano habló con el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y le contó que venía siendo amenazado por la guerrilla de las Farc, que lo consideraban “un informante del Ejército”. 

En su obsesión por eliminar a quienes eran potenciales enemigos, un comando del  grupo insurgente lo ejecutó en un espacio simbólico: el campus de la Universidad Nacional de Colombia en la capital de la República. Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 1999. 

Este hecho marcó la vida de Gloria: “Por parte de mi familia paterna siempre ha habido tradición política, como es el caso de mi tío. Siempre para bien o para mal, mientras estuve en Colombia estuvo la sombra de mi apellido, no pasaba desapercibida”. 

Al recordar cómo fueron las investigaciones judiciales y la falta de diligencia para esclarecer el crimen de su tío, ella expresó su desconfianza en las autoridades colombianas. Y los hechos le dan la razón, pues tuvieron que pasar más de dos décadas y que la extinta guerrilla de las Farc firmara un acuerdo de paz, para conocer la verdad. 

El 3 de octubre del año pasado, integrantes del entonces partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, creado por desmovilizados de la otrora guerrilla más antigua del continente, hoy conocido como Comunes, reconocieron por medio de una carta enviada a la  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el asesinato de ‘Chucho’ Bejarano y el de cinco personas más, entre ellas el del líder político Álvaro Gómez Hurtado. (Leer más en: Las obsesiones de las Farc por los muertos que se atribuyó ante la JEP)

Depender de la buena voluntad de los excombatientes, que reconocieron el crimen cuatro años después de haber dejado las armas, lleva a que una palabra esté grabada en la mente de Gloria: negligencia. “Si en el caso de mi tío, que había sido importante, nunca hubo una investigación ni se dio con los actores intelectuales y materiales, ¿qué podía esperar yo?”, se pregunta.

Una vez dejó el trabajo en la Unidad para las Víctimas, comenzó a litigar de manera independiente y asesoró, gratuitamente, a víctimas para emprender acciones de tutela y radicar derechos de petición. 

Con las víctimas en el horizonte

Cualquier colombiano puede acudir a mecanismos para solicitar la garantía de sus derechos, pero muchos los desconocen. Con las tutelas se busca reclamar una vulneración a los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos de petición requerir a entidades estatales un servicio, información, documentos y hacer reclamos.

“Como yo sabía cómo eran los procedimientos y la manera en la que a las personas les contestaban sus peticiones directamente de Bogotá, cuáles contestaban y cuáles no, yo me metí gratis a ayudar a muchas personas”, recuerda Gloria. 

Una amiga suya le prestó una oficina en la ciudad de Ibagué para que pudiera atender a quien requiriera de sus servicios. Poco a poco, comenzó a adquirir reconocimiento por su trabajo, a tal punto que su amiga no le pudo continuar prestando la oficina porque el gran flujo de asistentes causó malestar y reclamos por parte de la administración del edificio.

“Me volví famosa porque no cobraba y tenía tan buena suerte que siempre les contestaban los derechos de petición y fallaban a su favor las tutelas”, dice desde el exilio, y afirma que luego de cerrar su oficina, no volvió a trabajar en esos asuntos.

Cerró así esa etapa de su vida con el fin de apoyar la campaña política de su padre, Luis Alberto Bejarano Ávila, quien aspiró al Concejo Municipal de Ibagué en las elecciones locales de octubre de 2015 por el movimiento Firme por Ibagué, una iniciativa política de origen ciudadano. 

Ella se encargó de la organización de las reuniones de campaña y de las visitas a los distintos barrios de la ciudad. Durante estos encuentros comunitarios, la reconocían por el trabajo que realizó en la Unidad para la Víctimas y la relacionaban con su compromiso con quienes fueron golpeados por la guerra. 

“Cuando mi papá decide lanzarse, yo no estaba trabajando, entonces decidí entrar de lleno en la campaña”

Rechazo político

Si bien la lucha de Bejarano por las víctimas del conflicto armado se podía ver como un punto positivo para la campaña de su padre, la realidad es que tuvieron que enfrentar diversos obstáculos, entre ellos, el rechazo generalizado de los ciudadanos a los políticos por cuenta de la corrupción evidenciada alrededor de los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales, celebrados a finales de 2015 en la capital tolimense.

Pese a que el padre de Bejarano no estaba involucrado en ese escándalo, la aversión ciudadana a todos los políticos ocasionó que fuera rechazado por las Juntas de Acción Comunal (JAC), a lo que se sumó la sensación de inseguridad que ella padecía, pues ante la exposición que genera una campaña política volvieron las llamadas de desconocidos preguntando por su trabajo, solicitando información personal o servicios como tutelas o derechos de petición, como los que hacía antes de la campaña. 

Ella recuerda que, en varias ocasiones, se tuvieron que retirar de algunos sitios antes de iniciar las reuniones de campaña ante el descontento de ciertos pobladores. Si bien no tiene claro por qué les ocurrió eso, plantea que el rechazo vendría de opositores a su labor en la UARIV o de su trabajo en el norte del departamento a favor de las víctimas del paramilitarismo.

Finalmente, una vez realizadas las elecciones el 25 de octubre de 2015, los resultados no favorecieron al padre de Gloria: sólo obtuvo 609 votos, insuficientes para alcanzar una curul en el Concejo de la ciudad.

Se intensifica el temor

La sensación de inseguridad volvió a materializarse cuando recibió varias llamadas en su casa. Quien hablaba al otro lado del teléfono describía la rutina diaria de su hijo mayor, de 12 años de edad. La piel se le eriza al recordarlas: “Yo tuve que sacarlo de la ruta escolar porque en una de esas llamadas me dijeron la hora en la que lo recogían, el color del carro. Me dieron tantos detalles que yo me asusté”. 

Ante esa situación de riesgo, Gloria se dirigió a la Policía para exponer su caso. La solución que le plantearon en ese momento fue el cambio del número telefónico de su casa y así lo hizo. Además, canceló el servicio de transporte que tenía contratado para su hijo.

De manera recurrente, Gloria recordaba por esos días la historia de su tío por lo que, en palabras de ella, estaba “paranoica”, no había un sólo momento en que se sintiera tranquila.

Sus hijos tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones que les impuso para sentir que los estaba protegiendo: ya no podían salir solos de la casa y su vida social cada vez estaba más vigilada. “Si yo veía una moto a mi lado en un semáforo en rojo, pensaba que era un sicario y que nos iba a matar; daba más vueltas para llegar a los lugares”, cuenta.

El día de las elecciones para el Concejo, Gloria se ofreció a ayudar la supervisión de las votaciones en el corregimiento de Juntas, de donde es oriundo su padre. Decidió organizarlo como un pequeño viaje familiar para apoyar la campaña que había llegado a su fin. Una vez en el lugar, un joven la llamó y le pidió que se acercara a donde ella estaba.  

“Me preguntó qué estaba haciendo allí y me reí. Le conté todo lo de mi papá y me respondió que a mí no me querían allí ni en ninguna otra parte. Me dio una hora para irme y me dijo: ‘¿Usted sabe cómo se mueren los sapos?’”, recuerda Gloria. Le comenzaron a temblar las piernas, por lo que le costó encontrarse con su familia para pedir auxilio. 

Rápidamente decidió regresar a su casa. El trayecto de media hora lo sintió como una eternidad. Una vez allí, interpuso la denuncia sobre lo ocurrido; sin embargo, las autoridades competentes no hicieron nada. 

Recuerda que hizo “un informe con el inspector de la Policía del lugar y me dijo que iba a escalar el caso con la Fiscalía. Pasó más de una semana, fui a la Fiscalía y no había nada del caso y presenté la denuncia verbalmente”. Después de un mes, regresó y constató que su caso continuaba en la oficina de asignaciones. 

Las consecuencias de estas amenazas se comenzaron a expresar en la relación con su familia y en su salud mental. Asistió al psicólogo y sentía que su mayor preocupación era el cuidado de sus hijos, de 12 y 8 años de edad. 

Vía de escape

Dadas las circunstancias de riesgo bajo las que vivía, Gloria y su esposo, formado en Administración de Empresas, comenzaron a contemplar la posibilidad de salir de Ibagué, porque “es una ciudad muy pequeña, es muy fácil saber dónde vive uno, por dónde se mueve y qué lugares visita”, comenta. Pensaron en varias ciudades: Bogotá, Pereira, Manizales y Medellín, puesto que tenían familiares allí. 

Sin embargo, vieron en Estados Unidos un destino para comenzar una nueva vida, lejos de la sensación de inseguridad que padecían en Tolima, generada por desconocidos sobre los cuales no sabe nada ni por qué decidieron intimidarla de esa manera.

“En este país el sistema de asilo está colapsado”

Cuando llegaron a tierras estadounidenses, contaban con visa activa de turismo. Si bien las tenían para visitar con sus hijos los famosos parques de atracciones de La Florida, sirvieron para que pudieran salir de Colombia de manera inmediata y todos juntos. 

“En un mes organizamos el viaje: vendimos todo lo que pudimos para traer algo de dinero; pagamos las deudas que teníamos; y empacamos nuestra vida en dos maletas y media”, recuerda Gloria. Atrás quedaron el ejercicio del Derecho a favor de las víctimas y la empresa de su esposo, dedicada a la instalación y reparación de instalaciones eléctricas, y construcción de obras civiles.

Llegaron a la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en enero de 2016. Adaptarse a una cultura extraña y a un nuevo idioma fueron los primeros retos que enfrentaron. Estos cambios tan drásticos afectaron el habla de su hijo mayor, razón por la cual tuvo que asistir a terapias para recuperar su fluidez verbal. 

Dejar de trabajar en aquello en lo que se invirtió tantos años de estudio, tener a la familia y amigos lejos y realizar todo tipo de labores para sacarla adelante, no es asunto fácil, pero Gloria y su esposo lo han logrado con el sudor de su frente.

“Cuando llegamos, empecé a laborar cuidando niños, luego como ama de llaves y en un casino. Ahora trabajo en control de calidad para una fábrica de bolsas plásticas; y mi esposo empezó lavando platos y ahora trabaja en construcción, haciendo los acabados interiores de las casas”, detalla Gloria.

Sus hijos también se han exigido para adaptarse: el mayor se graduó en mayo de la High School (el equivalente a la educación media en Colombia) y está completando los créditos necesarios que le exigen aquí para entrar a la universidad para estudiar Ingeniería Robótica; y el menor cursa cuarto grado.

Después de hacer varias indagaciones, contrataron a una abogada para que los guiara en el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. Para apoyar esa petición, recopilaron la mayor cantidad de información y documentación que diera cuenta de la gravedad de su situación. 

En una de las cartas que adjuntaron en los documentos de solicitud, mencionaron que nunca tuvieron el ‘sueño americano’; además, reconocen que “no tenían la gran vida en Colombia, lujos y eso, pero estaban bien. Trabajaba para lo que yo había estudiado y mi esposo también”. 

Pese a que la gestión se inició en 2016, hasta el momento el gobierno estadounidense no se ha comunicado con ella. Sin embargo, mientras la solicitud de asilo es aceptada o rechazada, les brindaron un permiso que les permite trabajar de manera legal y un número de seguro social. 

“Ese número es una bendición en este país. Ahora con la pandemia ese seguro nos salvó la vida porque me quedé sin trabajo y nos daban todas las ayudas del gobierno”, cuenta con alivio. 

Gloria y su familia extrañan a Colombia, la cultura y la gente, pero no creen que regresen al país porque la sensación de paz y seguridad tiene un mayor peso y no están dispuestos a ponerla en riesgo. 

La incertidumbre de no saber si en su nuevo país de residencia les van a brindar el asilo que buscan producto de la inseguridad y el miedo que sufrían en Colombia, no es un caso aislado. Ella y su familia hacen parte de los más de 500 mil colombianos que están solicitando asilo político y protección internacional. En España, por ejemplo, solo se lo han brindado a 624 de los 37 mil solicitantes que hay en ese país. (Leer más en: Desde el exilio también le aportan a la verdad del conflicto armado)

El exilio es un camino de desarraigo que transitan miles de colombianos afectados por una guerra que los involucró de manera arbitraria y cuyas marcas, tatuadas con dolor, están presentes en quienes desde otros países, sueñan con una vida mejor, lejos del miedo y la zozobra, pero siempre extraños a todo lo que los rodea.