La desaparición de su padre lo llevó a trabajar por las víctimas de ese flagelo y del secuestro en el departamento de Tolima. Hoy en día se encuentra en Suiza por amenazas de quienes se oponen a su lucha.
Por: Santiago Díaz Gamboa
“La amenaza sigue latente, pero a pesar de la distancia voy a seguir la lucha que llevo desde hace 19 años de encontrar a mi padre y a los desaparecidos durante el conflicto”, afirma Kendal Alfaro, un defensor de derechos humanos exiliado en Ginebra, Suiza, en razón de las amenazas que pesan en su contra.
Ese país europeo no ha aceptado su solicitud de asilo porque las autoridades migratorias están convencidas que con la firma del Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc y con la desmovilización en 2005 del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el conflicto armado en estas tierras llegó a su fin.
Este líder, de 33 años de edad, es hijo de Mario Alfaro Jiménez, coronel en retiro del Ejército Nacional y exfuncionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y de Margoth Jiménez Ocaña, comerciante de la capital tolimense.
A la temprana edad de 14 años vivió en carne propia la crueldad del conflicto armado. El 22 de mayo de 2002, su padre fue secuestrado al salir de su casa, en el barrio Cádiz, de Ibagué. La primera noticia que se tuvo sobre ese hecho fue conocida por el testimonio del mayordomo de una finca del municipio de Valle del San Juan, en el centro del departamento, quien señaló que Alfaro Jiménez fue torturado y asesinado por paramilitares del Bloque Tolima.
Kendal mantiene vivos recuerdos gratos de su padre. Lo describe como una persona alegre y amigable. Un hombre amante de las rancheras y con un gusto especial por la canción ‘No me sé rajar’, de Vicente Fernández. También lo recuerda como un defensor de los animales y destaca que le inculcó la importancia del estudio y de ayudar a los demás sin recibir nada a cambio.
Choque de versiones
Tras la desaparición del oficial del Ejército, la familia denunció los hechos ante la Fiscalía y emprendieron la búsqueda a través del Gaula del Ejército de Ibagué. Las pesquisas puestas en marcha arrojaron que Leonardo Figueroa, alias ‘Camilo’, del Bloque Tolima, fue el autor material del secuestro.
La desaparición de Alfaro Jimenez llegó hasta los tribunales de Justicia y Paz, jurisdicción transicional creada para procesar a los desmovilizados de las Auc que dejaron las armas entre 2003 y 2006 como resultado de los acuerdos pactados con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010). A cambio de contar la verdad sobre sus crímenes y de reparar a las víctimas, los excombatientes reciben penas alternativas de ocho años de prisión.
El 7 de diciembre de 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió condena contra cuatro desmovilizados del Bloque Tolima. Entre los casos procesados está la desaparición del oficial del Ejército.
Sobre ese caso, la Fiscalía expuso que el día de su desaparición, Alfaro Jiménez se dirigía a la vereda Guamal, del municipio tolimense de San Luis, para cumplirle una cita a Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, jefe de las Auc en Tolima. El motivo de la reunión, según expuso el ente acusador, habría sido para “discutir sobre una suma de dinero aproximada de doscientos millones de pesos ($200’000.000) que le habrían sido entregados al Coronel retirado y que no habría devuelto al grupo ilegal”.
Humberto Mendoza Castillo, alias ‘Arturo’, confesó en versión libre que ese día fueron retenidos el coronel y su escolta, Fernando Alirio Galindo González, quienes se movilizaban en una motocicleta RX-115, y dos personas más que viajaban en un bus intermunicipal.
Asimismo, contó que ‘Daniel’ ordenó asesinar a los cuatro retenidos “apenas llegaran”. Quien ejecutó la orden fue Johyner Alexander Alean Hoyos, alias ‘Chirrimpli’ o ‘Chirri’, disparándoles con una pistola nueve milímetros. Los cuerpos fueron enterrados cerca de la finca El Guamal, al borde de una quebrada.
A la fecha, los cuerpos de las cuatro víctimas no han sido recuperados por las autoridades debido a que la quebrada creció y se llevó la porción de tierra en donde fueron inhumados.
Pero esa no es la única versión. En contraste a lo expuesto por el Fiscal 56 de la Unidad Nacional de Justicia Transicional, la sentencia consigna que, de acuerdo con el testimonio de alias ‘Arturo’, “el homicidio múltiple se debió a la supuesta extorsión que (el coronel retirado) Alfaro Jiménez le estaría efectuando a ‘un señor de Colanta’ por valor de doce millones de pesos, según le manifestó alias ‘Daniel’, no así por la entrega del dinero como lo dijo la Fiscalía”.
En la misma providencia judicial quedó consignada la versión de un hijo del coronel (r): “De igual modo, manifestó que la muerte de su padre se debió al señalamiento que de él hiciera alias ‘Panano’, de quien adujo era hijo de Mauricio Bobadilla, un abogado que ejercía su labor en Ibagué, quienes trabajaban para la organización criminal y eran los encargados en el Bloque Tolima de señalar a las personas ‘extorsionables’ de la región. Por tanto, que la muerte de Alfaro Jiménez se debió a las contribuciones arbitrarias que le hacían empero, sin aclarar el motivo específico o la relación de la muerte con las exigencias económicas”.
También indicó que su padre se dedicaba a la compraventa de ganado y que administraba varios predios de su propiedad, entre ellos el Balneario Puente Alegre, el cual fue usado por el Bloque Tolima -a la fuerza- como “escuela”, en donde enseñaban a sus integrantes a enseñar a torturar, asesinar, desmembrar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas.
Tras explicar los impactos que causó la desaparición del oficial en su familia, entre ellos la pérdida de propiedades en procesos judiciales por supuestos acreedores y las exigencias económicas de algunos desmovilizados para develar la ubicación de sus restos, solicitó que se “esclarezcan las razones del homicidio y se permita obtener el asentamiento del registro civil de defunción de la víctima para efectuar los trámites legales y judiciales en defensa del patrimonio familiar”.
En julio de 2009, ‘Daniel’ fue envenenado en prisión mientras colaboraba con la justicia y llegó a confesar que ordenó ese crimen. En una de sus últimas versiones contó que alias ‘Panano’ llevó con engaños al coronel (r) al lugar de su muerte y desaparición: la hacienda El Guamal.
Al respecto, los magistrados de Justicia y Paz le ordenaron a la Fiscalía que investigara las extorsiones que recibió la familia Alfaro; trabajara en la ubicación de la fosa común donde posiblemente fue inhumado, junto con las otras tres víctimas; y que indague sobre “la relación que tenían las víctimas con el grupo armado ilegal y, dependiendo de la conclusión a la que arribe, se tomen las medidas jurídicas pertinentes”.
La familia Alfaro considera que aún existen dudas sobre los autores de la desaparición del coronel (r) por cuanto los paramilitares entregaron versiones contradictorias y que todo fue un plan para engañarlo.
El 14 de mayo de 2015, luego de 13 años de la primera denuncia por desaparición forzada y ocho después de que ‘Daniel’ confesara el crimen, un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá autorizó el asentamiento en el Registro Civil de la defunción de Mario Alfaro Jiménez, en calidad de víctima directa del conflicto armado interno.
Labor desprotegida
A pesar de la sentencia de 2016, Kendal no está conforme con las versiones y sigue luchando no solo para recuperar el cuerpo de su padre, sino para esclarecer la verdad tras ese crimen. Es una pelea que está librando desde 2007, cuando se enlistó en el Ejército Nacional.
Más allá del adiestramiento militar, considera que allí se formó como un defensor ferviente de los derechos humanos. En 2015 se retiró de la entidad castrense por voluntad propia, habiendo llegado al grado de teniente, y desde ese momento dedicó sus esfuerzos no sólo al caso de su padre, sino también a defender la vida y los derechos de cientos de policías y militares que son víctimas del conflicto armado.
Primero se vinculó a la Asociación Colombiana de Víctimas de Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Acomides). Después ingresó a la Fundación Funvides, que se dedica a la protección de los derechos de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.
Desde esas organizaciones llevó la voz de cientos de personas que buscan a sus seres queridos y ayudó a documentar decenas de casos que le fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para nutrir el Caso 001. En dicho expediente, ese sistema de justicia transicional, creado por el Acuerdo de Paz con las Farc, se procesan a los exguerrilleros responsables de secuestros y también se tratan los casos de personas que desaparecieron estando en cautiverio.
De igual modo, Acomides y Funvides han realizado informes sobre secuestro de integrantes de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana, también sobre policías y militares secuestrados y desaparecidos en medio del conflicto armado.
En 2015, Kendal empezó a ser hostigado por su labor. Por medio de llamadas telefónicas y panfletos le hicieron saber que su trabajo era incómodo para algunos “sectores”, sin que le precisaran a cuáles se referían. Como respuesta, instauró las denuncias pertinentes y cambió constantemente de domicilio. Sin embargo, como suele ser rutinario en Colombia, afirma que sus denuncias no trascendieron y las investigaciones siempre quedaron a la mitad de camino.
“Somos líderes que no estamos acreditados, sabiendo que hay un decreto en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas, que nos reconoce. Aún así, Colombia no reconoce a los defensores de derechos humanos como sujetos jurídicos y no nos brinda protección” lamenta.
Se refiere a la Resolución 53/144 de la Asamblea General de la ONU, por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
Las faltas de garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos constantemente han sido criticadas y recibido llamados de alerta por diferentes sectores, que van desde organizaciones sociales, agencias de cooperación y la propia JEP, que recientemente ha emitido varios pronunciamientos e informes al respecto.
En el caso de Kendal, la Fiscalía le comentó que su caso sería tramitado ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la asignación de un escolta. Sin embargo, considera que el problema “se duplica”, porque ya no sólo se arriesga su vida, sino también la del cuerpo de seguridad. También le aseguraron que le serían destinados elementos de seguridad como chalecos antibalas, pero nunca llegaron.
Amenazas de desconocidos
A pesar de los riesgos y de las precarias condiciones de seguridad, durante cuatro años más siguió trabajando en Acomides y la Fundación Funvides asesorando a quienes buscan sus familiares y ayudándoles a conseguir un abogado para que de manera diligente asumiera la representación de sus casos.
Por esa labor, sufrió dos situaciones que lo llevaron a salir de Colombia. La primera fue el asecho que sufría, lo que llevó a que su hija y su esposa no pudieran salir a estudiar y a trabajar debido al temor que había producido en ellas las amenazas. Buscó ayuda de la Policía, pero la respuesta que le dieron se limitó a decirle que “que no debía hablar con extraños”. Además de ser un absurdo, no era posible cumplir esa recomendación porque por su trabajo debía relacionarse con desconocidos para tratar sus casos.
A la par, a su casa llegaban panfletos a nombre de las “autodefensas”. Fue una situación muy desconcertante, pues tras la desmovilización del Bloque Tolima, ocurrida en 2005, surgieron múltiples grupos paramilitares a lo largo y ancho del país, lo que impedía conocer con certeza el origen de esas amenazas.
Entre los primeros grupos posdesmovilización que se configuraron en el departamento del Tolima, luego de la dejación de armas de las Auc, están el Bloque Pijao, las Autodefensas Nueva Generación Futuro Verde y los Conquistadores del Tolima. Posteriormente, aparecieron otras estructuras criminales como las ‘Águilas Negras’ y las Autodefensas Gaitanistas del Tolima.
De la presencia de esas nuevas estructuras armadas ilegales da cuenta el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en el informe de Riesgo 009-16 emitido el 30 de marzo de 2016. En este documento, solicitó medidas de protección para la población civil y como antecedente reseñó que tras la desmovilización del Bloque Tolima de las Auc, la violencia en el departamento aumentó significativamente y destacó que en el año 2007 dejó alrededor de 30 mil víctimas.
Por otro lado, el informe De los grupos precursores al Bloque Tolima (Auc), del Centro Nacional de Memoria Histórica, señala que a partir del 2012 se comenzó a registrar la presencia de grupos integrados por disidentes del Bloque Tolima como las ‘Águilas Negras’ y ‘Los Rastrojos’, que cometieron múltiples crímenes en Ibagué y municipios aledaños. (Leer más en: La verdad del conflicto en Tolima: Rastrojos, azules, verdes, pijao y conquistadores)
La segunda situación que arrojó a Kendal al exilió ocurrió el 7 de noviembre de 2019. Ese día, desconocidos que se presentaron como miembros de ‘las autodefensas’, ingresaron a la finca donde él, su esposa y su hija se escondían por amenazas anteriores. Lograron ocultarse y no fueron encontrados, pero al irse, les dejaron panfletos.
El exilio, una opción inmediata
Dos días después de la incursión que sufrieron en la finca, Kendal y su familia viajaron a España y al mes siguiente, el 29 de diciembre, se trasladaron a Ginebra, Suiza. Una vez allí, recibieron asesoría jurídica y presentaron la solicitud de asilo político ante las autoridades. Sin embargo, en mayo de 2020, la respuesta de las autoridades migratorias fue negativa.
El 5 de julio se presentaron nuevamente con más documentación, pero nuevamente la respuesta fue no. Las autoridades suizas argumentan que tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc y la desmovilización del Bloque Tolima, el conflicto en Colombia llegó a su fin. Y le dijeron que las instituciones colombianas estaban capacitadas para atender las denuncias y brindar protección. (Leer más en: Desde el exilio también le aportan a la verdad del conflicto armado)
“La vida en el exilio no es fácil, no quiero sonar desagradecido porque la verdad en Suiza a mi familia no le ha faltado un techo donde dormir, no le ha faltado la alimentación y a mi hija no le ha faltado el estudio. Es volver a empezar desde cero, es como volver a nacer”, cuenta sobre cómo ha sido para él y su familia esa experiencia obligada.
A pesar de las dificultades, Kendal disfruta en Suiza de lo que en Colombia era una profunda ausencia: la seguridad. Para él, la tranquilidad de poder caminar por la calle sin mirar a los alrededores, tomarse un café con nuevos amigos y llevar a su hija al colegio lo hace sentir “supremamente tranquilo”.
La niña tiene ocho años y asiste al colegio con normalidad, donde cursa ‘segunda clase’, a poco tiempo de iniciar la primaria. Kendal siente una sensación de calma al saber que su hija se ha adaptado al nuevo país. Por otro lado, su hijo menor, nacido en Suiza, tiene apenas seis meses y seguramente crecerá lejos de la tierra natal de sus padres.
Kendal explica que los solicitantes de asilo político en Suiza tienen acceso al sistema de salud, obtención de vivienda y alimentación e, incluso, ayudas trimestrales para adquirir ropa. Sin embargo, durante este proceso, a los solicitantes les es permitido hacer el curso de alemán hasta el nivel A2, mientras que, para poder aplicar para algún trabajo, se les exige el nivel B2.
Ni él ni su familia hablaban alemán antes, lo cual ha sido una dificultad mayúscula, pero que se ha convertido en un reto. Es por eso que han estudiado desde casa el idioma para mejorar la comunicación, una tarea compleja por cuanto en el Cantón de Glaris, región centroriental de Suiza, donde ahora viven, se habla el alemán de Suiza.
El permiso que actualmente tienen él y su esposa no les permite trabajar hasta que la solicitud avance y sea aceptada. “Uno solamente puede hacer trabajos sociales que los pagos son mínimos, es lo único que uno puede ir haciendo como para darse un gusto muy corto”, precisa.
Su compañera de vida, quien se desempeñaba como secretaria en el Panóptico de Ibagué y adelantaba proyectos de memoria histórica, se dedica a las labores del hogar en su nuevo lugar de residencia y adelanta el curso de alemán para obtener el nivel A2.
Esta nueva realidad hizo que Kendal ahora trabaje desde el exilio para visibilizar la violencia que se vive en Colombia y los riesgos a los que están expuestos actualmente los defensores de derechos humanos. En la distancia aún sigue siendo parte de Acomides y Funvides.
Quiere volver a Colombia, pero considera que por el momento no es posible; aunque han transcurrido dos años de su salida de Colombia, aún es buscado por desconocidos en su antigua vivienda y sus familiares han sido hostigados en diferentes regiones del país. Ante ese panorama, la única opción que les queda es permanecer en el exilio.
A pesar de estar exiliado, tiene muy claro que nunca va a renunciar en la búsqueda del cuerpo de su padre, ya que estar lejos de su tierra, no es un impedimento para continuar en la pugna por la verdad y hacer de esa búsqueda, su prioridad.